Desisten de intento de legalizar aborto para menores víctimas de violación en Guatemala
Organizaciones sociales de Guatemala dieron marcha atrás este martes a una propuesta de legalizar el aborto en el caso de niñas víctimas de violación, relegando la discusión a otro proyecto que pretende aumentar las restricciones a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo.
La férrea oposición de grupos religiosos y conservadores, que celebraron una manifestación masiva el domingo, llevó a los impulsores de una iniciativa de ley de protección a menores víctimas de abusos sexuales retirar un artículo que abría la posibilidad a despenalizar el aborto para niñas de 14 años o menos.
“Tomando en cuenta las diferentes posturas, preferimos priorizar la situación y reparación a las niñas. No estamos listos (en Guatemala) para hablar de la interrupción” del embarazo, dijo a la AFP Paula Barrios, activista de Mujeres Transformando el Mundo.
El proyecto de protección a niñas se encuentra en discusión en la comisión parlamentaria de la mujer, que debe emitir un dictamen antes de elevarlo al pleno.
Al retirar el polémico artículo, no tendría que existir algún impedimento para que se apruebe la normativa, agregó la diputada Sandra Morán, del partido izquierdista Convergencia, ponente del proyecto.
“Esta (iniciativa de) ley nunca fue una ley de aborto, esta siempre fue una ley de atención y reparación para las niñas”, aclaró la congresista.
La ley guatemalteca solo autoriza en la actualidad la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre.
El domingo, unos 20.000 feligreses celebraron una marcha en el centro de la capital contra el proyecto de ley de protección a las niñas, que en su redacción original habilita a que menores embarazadas puedan abortar en las primeras 12 semanas si fueron víctimas de abuso sexual.
Bajo el lema “Guate por la vida y la familia”, los manifestantes acusaron a la iniciativa de legalizar el aborto sin plantear una solución para erradicar la violencia y explotación sexual.
Endurecer la ley
Si se concreta el retiro del artículo, el debate social y parlamentario del aborto se configurará solo en torno a un proyecto presentado por el diputado Fernando Linares, del derechista Partido de Avanzada Nacional, que ya lleva un camino recorrido en el Congreso y que podría debatirse en el pleno próximamente.
Se trata de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas de prisión por aborto intencional de los 1 a 3 años actuales a entre 5 y 10 años. Además, agrega penas de entre 2 y 4 años por intento de aborto o aborto “culposo”.
Según organizaciones feministas, esta iniciativa criminaliza a las mujeres incluso por una pérdida gestacional involuntaria.
Su aprobación sería “un retroceso histórico a los derechos que hemos ganado las mujeres”, dijo a la AFP Ada Valenzuela, de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas.
La activista reivindicó el derecho de las mujeres a “decidir sobre nuestro cuerpo” y afirmó que entre 15% y 20% de los embarazos terminan con la pérdida del feto, advirtiendo que con ese proyecto se pretende establecer penas de cárcel en algunos de esos casos.
La despenalización se ha convertido en un clamor en muchos países de América Latina, una reivindicación que tomó particularmente las calles en Argentina pero que finalmente no logró la venia del Senado de ese país.
Pero Centroamérica es una de las regiones más restrictivas del mundo: el aborto está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
La interrupción voluntaria del embarazo es legal solamente en Cuba, Uruguay y en la Ciudad de México. En el resto de Latinoamérica se permite si está en riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o si es inviable la vida extrauterina.